Hace unos días, la CIA acusó a Rusia de ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones. Un informe de la agencia estadounidense revelaba que el gobierno ruso impulsó el robo de correos electrónicos del Partido Demócrata y su posterior filtrado al público para ayudar al candidato republicano. La Administración de Obama ha reconocido que también están seguros de esto. Su teoría es que muchos de los votantes indecisos se inclinaron en ese momento por Trump. Los emails revelaban que cuando ella era secretaria de Estado, usó una dirección de correo privada en lugar de la oficial para tratar temas confidenciales, lo que supuso una merma en la confianza de la candidata del partido demócrata. Pero esta no es la primera vez que se sospecha de que Rusia ha podido estar detrás de un ciberataque de este calibre. El año pasado salieron a la luz varios casos y China también está reuniendo fuerzas para protegerse de este tipo de escenarios.

En cualquier caso, resulta evidente que las administraciones públicas, y el sector público en general está en el punto de mira de los ciberataques, no solo entre naciones, también por grupos cibercriminales. Los datos ahora se han convertido en los activos con mayor valor y uno de los objetivos principales de ciberdelincuentes: bien para lucrarse con su venta, bien aprovechándose de su valor para empresas y usuarios para pedir un rescate por ellos, como puede ser el caso del ransomware. Y la información confidencial que se puede encontrar en los sistemas de la Administración Pública es muy preciada.

Las tecnologías se han incorporado plenamente a la vida de los usuarios, empresas y organismos públicos. Un nuevo escenario que facilita un desarrollo sin precedentes, pero que también conlleva riesgos que pueden afectar a la Seguridad Nacional. Las Administraciones Públicas se han puesto al día en este aspecto, y trabajan para protegerse. Existen diferentes organismos especializados en su protección y se están llevado a cabo programas de implantación de medidas de ciberseguridad, coordinadas por la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Según el Centro Criptológico Nacional, solamente en 2016 se han gestionado más de 19.000 incidentes en administraciones públicas.

La adaptación de los sistemas de las AAPP pasa por implantar servicios de seguridad en ellas, mejorando su capacidad de prevención y respuesta de incidentes. En este caso, la confianza de usuarios y ciudadanos, instituciones es clave. Si las instituciones son seguras, los ciudadanos también lo estarán, por lo que la Administración Pública tiene un papel clave en la confianza de los ciudadanos en la tecnología. 

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Estos serán precisamente los temas que abordaremos mañana durante la mesa redonda en directo que organizamos en Globb Security. A las 11:00 AM, cuatro reconocidos expertos del sector de la ciberseguridad desgranarán la situación actual y las necesidades futuras de este sector en el continuo ojo de mira del cibercrimen.

Antonio Pacheco, Channel Account Executive de Sophos Iberia, Álvaro Fernández, Sales Specialist de HPE Security, Enrique Ramos, IAS & SDT Lead de Microfocus y José Manuel Laperal, Responsable de seguridad de Madrid Digital hablarán sobre las implicaciones de la ciberseguridad en el sector público, los retos a los que se tienen que enfrentar los directores de seguridad de las AAPP, más expuestas si cabe que otras organizaciones, qué es lo que se está haciendo, cómo se está implantando la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y cuáles son los futuros pasos que se deben dar. El registro para ver la mesa redonda en directo es gratuito a través de esta web. 

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Monica Valle

Periodista especializada en tecnología y ciberseguridad. Directora de Globb Security, y presentadora del programa sobre seguridad informática y tecnología Mundo Hacker. @monivalle

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